Un abanico de críticas generó el proyecto presentado por el diputado cartista Walter Harms para conceder una pensión de 1.500.000 de guaraníes al exfutbolista de la selección nacional. El documento fue aprobado en Diputados y pasó a consideración del Senado.

Una de las tantas voces en contra de esta propuesta fue la del diputado liberal Edgar Acosta, quien recordó que en el 2013 presentó un proyecto de ley que buscaba suspender por cinco años el otorgamiento de estas pensiones del Congreso, porque en cada sesión se presentan pedidos sin cumplir con el reglamento de quiénes podían ser los beneficiados.

El 4 /9/ 2013, presenté proyecto de Ley para suspender otorgamiento de pensiones graciables, por la forma arbitraria en que se manejaba, casi nunca los beneficiarios cumplían con los requisitos, no logramos el objetivo.
Tenemos que volver analizar el otorgamiento de pensiones. pic.twitter.com/MSa9qJdXWF

— Edgar Acosta Alcaraz (@EdgarAcostaDip) October 17, 2019

Ahora de vuelta Acosta presentará su iniciativa ante la polémica generada por el caso de Romerito. “Viendo su caso, reconozco que hizo mucho por el país, pero también me pasaron el dato de que es asegurado de IPS, entonces no reúne el requisito de forma”, señaló el congresista a la radio Universo 970 AM.

Julio César Romero está asegurado al IPS.

ENLACE #2EnLaCiudad | @natiromeropy

El diputado Édgar Acosta declaró sobre la aprobación de la pensión graciable al exfutbolista Julio César Romero.

12/701HD de Tigo TV, 8 de Copaco y 15 Claro IPTV
https://t.co/fYMaekk5tL
@Universo970py pic.twitter.com/MKpHFNkAyW

— GEN (@SomosGEN) October 17, 2019

Por su parte, la diputada Kattya González (PEN) coincidió que nadie niega que “Romerito” haya sido en su momento un gran futbolista, pero con 58 años y en buen estado de salud para trabajar no califica para una pensión graciable.

“Es fácil ser “generosos” con el dinero del contribuyente. Por eso y más voté en contra”, tuiteó.

Son 2.500.000 G de renta vitalicia para una persona, sin que se hayan cumplido los requisitos establecidos en la ley que regula el otorgamiento de pensiones graciables. Es fácil ser “generosos” con el dinero del contribuyente. Por eso y más voté en contra.

— Kattya Gonzalez (@KattyaGonzalez9) October 17, 2019

REQUISITOS

Las pensiones graciables serán concedidas a las personas que reúnan las siguientes condiciones:

a) paraguayo natural o naturalizado con residencia mínima continuada en el país de cuarenta años, que se encuentren imposibilitados de generar los ingresos necesarios para una vida digna;

b) haber cumplido sesenta años de edad cuanto menos;

c) haber prestado significativos y perdurables servicios al país;

d) haberse destacado de manera relevante en actividades científicas, artísticas, deportivas o culturales, susceptibles de ser certificadas mediante documentos fehacientes; o,

e) ser ascendiente en primer grado de consanguinidad de conscriptos fallecidos en acto de servicio.

Los descendientes con discapacidad, certificados por el Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales – INPRO, heredarán automáticamente los beneficios de la pensión graciable, siempre y cuando no perciban beneficios o derechos jubilatorios del Estado.

Los proyectos de pensiones graciables deben contar con los siguientes datos:

a) la enunciación de los méritos reunidos en las ciencias, artes, la educación, los deportes o los servicios relevantes prestados a la sociedad, debiendo dicha enunciación estar adecuadamente fundada y justificada con los medios que hagan posible su evaluación y probanza;

b) certificado médico visado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social para los casos de enfermedad y por el Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales (INPRO) para los incapacitados físicos;

c) según sea el caso, la documentación que permita comprobar el grado de parentesco de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del Artículo 2° de esta Ley;

d) certificado de insolvencia expedido por el Juzgado de Paz de la zona de residencia, de manera a comprobar que no cuenta y no puede procurarse recursos económicos suficientes para llevar una vida digna;

e) certificado del Registro General de la Propiedad de los últimos cinco años, respecto de los bienes u otros derechos reales inscriptos a nombre del beneficiario y su cónyuge, exceptuando la propiedad registrada como bien de familia; y,

f) fotocopia de cédula de identidad civil actualizada.

El Hospital Psiquiátrico inició un proceso de conversión hacia un centro de urgencias psiquiátricas, en consonancia con la Ley N° 7.018/22. El objetivo principal descentralizar la atención de la salud mental y garantizar que ningún paciente quede sin atención.

Lea: Gringo, rencoroso y con muchos enemigos “Evidentemente lo entregaron”

El Dr. Hans Buggenthin, director del Hospital Psiquiátrico, enfatizó la importancia de este paso hacia un modelo de atención más dinámico y eficiente. “A partir de la promulgación de la Ley 7.018, comenzamos el plan de reconversión del hospital Psiquiátrico en un centro de urgencias. El plan de descentralización de los consultorios implica la redistribución de nuestro personal médico y el refuerzo de los servicios descentralizados”.

Este cambio implica la redistribución de los médico psiquiatras a los diferentes servicios. El compromiso de garantizar la atención a los pacientes es firme. “Los pacientes que acuden a nuestro centro son asistidos y reorientados a otros servicios”, aseguró el Dr. Buggenthin.

Una de las claves de este nuevo enfoque es la orientación hacia servicios ambulatorios y el fortalecimiento de los lazos sociales. Según lo establecido en la Ley N° 7018, “se busca promover un abordaje interdisciplinario e intersectorial, priorizando la atención primaria de la salud. En este sentido, el Hospital Psiquiátrico se transformará en un Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas, como parte de un modelo desconcentrado de atención en salud mental”.

Además, implementó un sistema de coordinación para dirigir a los pacientes hacia los servicios más adecuados, según su situación y lugar de residencia. Para el efecto, se utiliza el Directorio de Salud Mental, que cuenta con el listado profesionales en salud mental que brindan atención en el sector público.

“Nuestro objetivo es garantizar que cada paciente reciba la atención que necesita en el servicio de salud más cercano a su domicilio”, afirmó el Dr. Buggenthin.

Estos cambios, que se han evidenciado desde principios de este año, marcan un importante paso en la atención descentralizada de la salud mental en el país.

Lea también: Las mayorías legislativas, el uso que tuvieron en ambos bandos y las críticas selectivas

Por Cinthia Mora

El 26 de enero de 2022, Arnaldo Giuzzio, entonces ministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, presen­taba una “denuncia” en contra del expresidente de la Repú­blica Horacio Cartes ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) pese a que esta institución no posee facultades para recep­cionar denuncias sobre pre­suntos hechos punibles.

Ese mismo día, el Poder Eje­cutivo designaba a Carmen Pereira como secretaria adjunta (viceministra) de la Seprelad, cargo que estuvo vacante durante dos años. Pereira se desempeñaba, hasta ese entonces, como directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la institución.

Ese mismo mes, específica­mente el 14 de enero de 2022, se filtraba a la prensa el pedido de informe de la Fiscalía de Panamá sobre Horacio Car­tes. Una auditoría interna de la Seprelad ordenada por la actual ministra, Liliana Alcaraz, determinó que la fil­tración nunca fue investigada y fue operada directamente por Carlos Arregui y Carmen Pereira.

Los cuadros de salarios de Peña y Boidanich fueron filtrados del “corazón” de la Seprelad. Un correo interno prueba que la planilla fue incorporada luego al informe de inteligencia contra Cartes

Puras coincidencias dirán algunos. Sin embargo, las señales de que se habría ges­tado así uno de los mayores operativos de persecución política era cada vez más evidentes. El hecho de otor­gar un alto cargo dentro de la Seprelad, vacante por bas­tante tiempo, fue quizás la “moneda de pago” a la persona que se iba a encargar de coor­dinar y ejecutar el operativo de filtraciones.

Estos episodios de filtracio­nes quedaron “oficialmente” inaugurados con la denun­cia presentada por Arnaldo Giuzzio ante la Seprelad y el Congreso a partir de datos e informaciones a los que nunca hubiera podido tener acceso de no ser por la asistencia que recibió previamente de algu­nos funcionarios de la Sepre­lad, dedicados a la elabora­ción de informes secretos que contenían datos expuestos de manera tendenciosa con la exclusiva finalidad de que sean filtrados en el marco de una guerra política.

La denuncia presentada por Giuzzio habría sido elaborada por un equipo de funciona­rios leales a la viceministra de la Seprelad, Carmen Pereira, bajo cuyas órdenes directas operaban. Estos funciona­rios se habrían aprovechado de los datos a los que tenían acceso por las funciones que desempeñaban en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad.

Tras su mediática presenta­ción, el exministro Giuzzio contó con la abierta cola­boración de los “cerebros” de la Seprelad, Carlos Arre­gui y Carmen Pereira, quie­nes salieron a hacer el coro correspondiente a través de los medios aliados. En fecha 2 de marzo de 2022, Pereira salió a darle “respaldo” a la denuncia diciendo que Hora­cio Cartes no se encontraba habilitado para otorgar prés­tamos ni en la Seprelad ni en el BCP.

Posterior a la denuncia basada en filtraciones de la Seprelad, siguieron otros operativos mediáticos. El 30 de mayo del mismo año, medios afines al oficialismo colorado publi­caban reportes de Seprelad en los que constaban datos sobre ingresos de Santiago Peña como directivo de Banco Basa. Estos informes en for­matos especiales y sin la codi­ficación correspondiente del sujeto obligado (Banco Basa) solo pudieron obtenerse desde el “corazón” de la Seprelad.

EN MANOS DE LA CORTE

Los ministros integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia siguen sin resolver la recusación que pesa sobre un tribunal de apelacio­nes. Los camaristas recusados por la defensa de los imputa­dos son María Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera.

El abogado Felino Amari­lla, defensor de Carlos Arre­gui, uno de los imputados, recusó a los tres integran­tes de la Cámara de Apela­ción por supuesta imparcia­lidad y falta de independencia debido a que la defensa desco­noce de qué manera se hizo el sorteo del tribunal de apela­ción. Tal argumento carece de sustento jurídico ya que la misma fue presentada al solo efecto de dilatar el pre­sente caso.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) realizó una advertencia a la ciudadanía sobre la circulación de ofertas laborales fraudulentas en internet.

A través de un comunicado, la institución indicó que estas propuestas pueden parecer atractivas inicialmente, pero a menudo están vinculadas a actividades delictivas.

Para protegerse, el ministerio recomienda evitar hacer clic en enlaces de procedencia dudosa, no proporcionar información personal sin confirmar la legitimidad de la oferta, realizar una investigación exhaustiva antes de proporcionar cualquier tipo de referencia personal o profesional, y verificar la veracidad de las ofertas laborales, comprobar la existencia de la empresa que las publica y, si fuera necesario, buscar asesoramiento de expertos antes de aplicar a cualquier posición, ya sea dentro o fuera del país.

Es noticia hoy: Gringo, rencoroso y con muchos enemigos “Evidentemente lo entregaron”